Este blog es mi experiencia de aprendizaje para el curso
Agenda 2030 y Administración Pública del INAP, del año 2023.
Mi nombre es Bruno Ayllón. He
trabajado durante 15 años en la Universidad Complutense de Madrid como
investigador y docente en el campo de la cooperación internacional para el
desarrollo. En 2016 reingresé en la Administración Pública después de una larga
excedencia. Actualmente trabajo en la Dirección General del INSS.
Por honestidad intelectual debo confesar que tengo una visión crítica de la Agenda 2030 y de la metodología de la comunidad internacional de fijar grandes objetivos de desarrollo que al no ser jurídicamente vinculables ni exigibles (más que por la presión social), y estar siempre infra financiados, no son cumplidos en la fecha establecida. La solución siempre es correr la línea del horizonte. En 2015, con la Agenda del Milenio se corrió al 2030, sin haberse alcanzado, aunque hubo progresos desiguales según la región y los objetivos.
Por otra parte, estas agendas pretenden planificar los procesos de desarrollo cuando, por definición, el desarrollo como la vida misma, es indomable e inesperada. La Agenda del Milenio sufrió el impacto del 11 de septiembre (2001) y la posterior “securitización” de la agenda del desarrollo. La Agenda 2030 sufrió primero el ascenso de gobiernos negacionistas del cambio climático (p. ejemplo, EE.UU.) y después el impacto del Covid, y la posterior “covidización” de la agenda 2030. Ahora la guerra en Ucrania compromete el cumplimiento de la Agenda 2030 y alumbra una “securitización 2.0” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Siempre será mejor tener una Agenda de Desarrollo internacional que no tenerla, claro, pero será como máximo un horizonte escurridizo a alcanzar que la plasmación de una acción colectiva global mancomunada, coordinada y jurídicamente vinculable y exigible.
No
obstante, reconozco que la Agenda 2030 ofrece un marco de referencia para
alinear las políticas públicas de los países, como vemos en el caso de España,
donde contamos con mecanismos institucionales, y lo más importante, con un
arquitectura política y administrativa que vincula los Presupuestos Generales
del Estado a los ODS, sus metas e indicadores…aunque sea en el terreno declarativo
y de las buenas intenciones. Saludos.
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